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Actualidad jurídica

Este ensayo se dirige a poner en manifiesto algunos aspectos de las relaciones entre el derecho penal y la democracia en México, vistas desde el contexto político y social caracterizado por la desigualdad y la corrupción.

En México se corre el riesgo de perpetuar el uso del sistema penal en una realidad sociopolítica que no puede tener cabida en un Estado democrático; es decir, la reproducción de una lógica autoritaria que se encuentra al servicio del manteamiento y consolidación de posiciones de poder real dentro de la sociedad mexicana, lógica que durante años se ha mantenido intacta en el país y que apenas comienza a ser modificada.

El objetivo de este artículo es recordar que el Estado y su
derecho encuentran sentido y razón de ser cuando sirven al interés de los individuos que les dan vida. El individuo debe ser considerado como un fin en sí mismo, y no como un medio para atender y proteger intereses que lo rebasan y que en poco le interesan. Y en esto, el derecho penal, en tanto ordenamiento punitivo y manifestación última del poder coactivo del Estado, tiene un papel fundamental.

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La movilidad humana es hoy en día un fenómeno muy común. Según el Informe Internacional sobre Migraciones 2010, preparado por la ONU, se estima que en el mundo hay 214 millones de personas consideradas como “migrantes internacionales” (personas que viven en un país diferente a su país de nacimiento).

Si las tendencias actuales se mantienen, en las próximas décadas veremos un incremento muy importante de esa cifra. En el mismo informe de Naciones Unidas se estima que en 2050 la cifra de migrantes internacionales alcanzará los 405 millones de personas.

Si bien el tema de la migración y la globalización han sido estudiados con gran énfasis, para el derecho constitucional el punto de vista más relevante es el que toma como punto de partida a los derechos fundamental. ¿Existe o no un derecho fundamental a salir del propio país y entrar en otro?, ¿es un derecho que puede limitarse?, ¿bajo qué circunstancias y con qué límites?, ¿qué derechos fundamentales tiene una persona que vive en un país que no es el propio?, ¿tienen los mismos derechos las personas extranjeras que han entrado “ilegalmente” en un país que aquellas que lo han hecho de forma “regular”?

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El 6 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una de las dos reformas más importantes de nuestro texto constitucional en el Siglo XXI,[1] consistente en una modificación integral a los principios fundamentales y figuras procesales del juicio de amparo.

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El surgimiento del trascendental concepto de “control de convencionalidad” en un principio pasó, relativamente, inadvertido. El término fue utilizado por primera vez de forma aislada en varios de los votos del ex Juez y ex Presidente de
la Corte IDH Sergio García Ramírez.

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En este artículo del Dr. Miguel Carbonell se ofrece un panorama completo pero fácil de entender sobre el fundamento de los Derechos Humanos, su evolución histórica y la manera en que se debe interpretar su contenido para darles el mayor alcance normativo y fáctico.

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El 24 de junio de 2011 se denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.

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