Resolución a la contradicción de tesis 293-2011


El 24 de junio de 2011 se denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.

La contradicción de tesis quedó registrada con el número 293/2011 y el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, envió el asunto a la Primera Sala bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar para que elaborara el proyecto de resolución. Debido a la trascendencia del asunto para el ordenamiento jurídico nacional en su conjunto, la Primera Sala de la SCJN decidió enviarlo al Tribunal Pleno para su discusión, análisis y resolución.

El 3 de septiembre de 2013, el Tribunal Pleno de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 293/2011, decisión que sin lugar a dudas consolida y robustece el nuevo paradigma constitucional originado por las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011.

Para comprender mejor la decisión que tomó la SCJN en torno a este caso, es pertinente conocer los dos criterios contradictorios, que en términos generales versan sobre dos cuestiones relevantes, a saber: 1) la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2) el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el derecho y las decisiones judiciales nacionales.

Respecto al primer tema, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito estableció que “los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal”; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló que los “tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución”.

Respecto al segundo tema, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito consideró a la jurisprudencia de la Corte IDH como un criterio orientador cuando se tratara del cumplimiento e interpretación de disposiciones protectoras de derechos humanos. Por el otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideraba a la jurisprudencia de la Corte IDH como obligatoria.

Los días 26, 27 y 29 de agosto, y los días 2 y 3 de septiembre, el Tribunal Pleno de la Corte llevó a cabo el análisis y discusión de ambos temas contenidos en la contradicción de tesis 293/2011. Durante las discusiones, las y los Ministros tuvieron interesantísimos debates y puntos encontrados que derivaron en votos concurrentes y particulares.

En lo relativo a la discusión del primer tema, sobre el posicionamiento jerárquico de los tratados internacionales en relación con la Constitución, por mayoría de 10 votos las y los Ministros sostuvieron que las normas de derechos humanos, con independencia de si se encuentran en tratados internacionales o en la Constitución, no se relacionan de manera jerárquica entre ellas; sin embargo, cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en la Carta Magna, se deberá atender a lo que indique la norma constitucional.

Esta decisión delimita perfectamente el llamado bloque y control de regularidad, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, las y los jueces podrán, bajo el principio pro persona, elegir la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto, sin importar si se encuentra en la Constitución o en un tratado internacional.
El segundo tema, sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte IDH, fue un poco más controvertido y se decidió con mayoría de 6 votos por parte de las y los Ministros. El Tribunal Pleno determinó que la jurisprudencia de la Corte IDH, sin importar que el Estado Mexicano haya sido o no parte del litigio, es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales.

De este segundo criterio derivan tres aspectos fundamentales que deberán ser tomados en cuenta por las y los jueces: 1) en todos los casos en que sea posible, se deberá armonizar la jurisprudencia interamericana con la nacional; 2) de ser imposible dicha armonización, se deberá aplicar el criterio jurisprudencial que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos, y; 3)cuando el criterio de la Corte IDH sea derivado de un caso en el que el Estado Mexicano haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso concreto deberá determinarse verificando la existencia de las mismas razones que motivaron el primer pronunciamiento.

Como podemos observar, la resolución a la contradicción de tesis 293/2011 es una de las decisiones más importantes y trascendentales que ha tomado la SCJN en los últimos años, toda vez que aclara aspectos elementales para la correcta aplicación e interpretación del derecho, teniendo como eje central a los derechos humanos.