El Control de Constitucionalidad de las omisiones legislativas


El Control de Constitucionalidad de las omisiones legislativas

Angeles Ahumada Ruiz

 

 

Es una constante en los últimos tiempos referirse, al analizar el desenvolvimiento de las funciones de los Tribunales Constitucionales, a la función no sólo de «legislador negativo» sino también de «legislador positivo» que, cada vez con menor timidez, eventualmente desempeñan los órganos de control de la constitucionalidad. Dejando aparte justificaciones evolucionistas («la función crea al órgano» y, en este caso, es a necesidad la que atribuye la competencia) normalmente no ha dejado de causar alarma (teórica, por supuesto) la invasión del ámbito de libertad de configuración del legislador.

Al legislador compete hacer las leyes y, además, decidir cuándo las hace. El problema del control constitucional de las omisiones del legislador encuentra dos dificultades hasta ahora insuperables: cuál deba ser la sanción de una omisión legislativa y cómo se puede instrumentar la imposición de la obligación de legislar. Porque, claro está, prever un control desprovisto de sanción no parece el remedio más eficaz. Con todo, con la expresión «inconstitucionalidad por omisión» se hace referencia a problemas muy diversos como tendremos ocasión de analizar en las páginas que siguen.

A diferencia de lo que sucede con los órganos administrativos o judiciales, el legislativo sigue siendo irresponsable por su inactividad. Su incumplimiento del deber de legislar (en un momento concreto) no está acompañado de sanción. Sin duda, ello es reflejo de la posición de soberanía que reviste al Parlamento cuyos actos, sin embargo, no son soberanos y sí están sujetos a control . No obstante, la necesidad de poner remedio a la obstaculización del despliegue de eficacia de los enunciados constitucionales como consecuencia de la inactividad del legislador, ha llevado a los distintos ordenamientos a buscar soluciones que, sin quebrantar el principio de la libertad del legislador, pongan remedio a la situación inconstitucional cuando ello implica en alguna medida, además, un perjuicio para los particulares.

De ello vamos a tratar a continuación haciendo referencia concreta a las técnicas utilizadas por el Tribunal Constitucional español al enfrentarse con el problema de la omisión legislativa inconstitucional. Como cuestión previa, analizaremos el concepto de omisión y cuál deba ser el objeto de control.

 

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