El debido proceso legal en la jurisprudencia nacional e interamericana. Una nota breve


El debido proceso legal en la jurisprudencia nacional e interamericana.

Una nota breve.

Edgar S. Caballero González*

 

 

Sumario: I. Introducción. II. El debido proceso legal. III. El debido proceso legal en la doctrina jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación. IV. El debido proceso legal en las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

  1. Introducción

El adverbio “debido” no se contempló en alguna porción normativa del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de febrero de 1917. El origen aceptado en América Latina es la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial;[1] y también figura en la Decimocuarta Enmienda,[2] como una restricción al poder del Estado para resolver sobre el destino de los hombres sin el debido proceso.”[3]

La Constitución Política vigente, señala en un solo párrafo el Derecho Humano al debido proceso legal de forma expresa. Lo encontramos en el sexto párrafo, del artículo 18 constitucional, —reformado el 2 de julio de 2015—, que señala:

 

“(…)

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades (…)”. (Énfasis añadido)

 

Por lo que respecta a la interpretación del Poder Judicial de la Federación en México, el primer criterio que desarrolló la noción de debido proceso legal, es la tesis aislada que derivó de la resolución del amparo en revisión 471/75, resuelto el 15 de octubre de 1975, y del que conoció el magistrado Guillermo Guzmán Orozco, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis aislada, señala que el debido proceso legal:

 

“(…) consiste básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un particular en su persona o en sus derechos, tal acto de afectación en principio debe estar precedido de un procedimiento en el que se oiga previamente al afectado, en defensa de sus derechos, dándole a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta y dándole también una oportunidad razonable, según las circunstancias del caso, para probar y alegar lo que a su derecho convenga; y el acto de afectación, en sí mismo, debe constar por escrito y emanar de autoridad legalmente facultada para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento deben hacerse constar los preceptos legales que funden materialmente la afectación al individuo, así como los hechos que hagan que el caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la aplicación de los preceptos aplicados.”[4] (Énfasis añadido)

 

Como se advierte, el debido proceso legal en México es un derecho que comenzó a interpretarse en 1975, sin embargo, precisamos que el núcleo de este derecho, encontró su desarrollo en la interpretación sistemática de los artículos 14 y 16 constitucionales, y fue entendido como una garantía individual.

Ahora bien, a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, la Constitución Política en el artículo 1o., constitucional dio apertura precisa a los de Derechos Humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sus implicaciones nos obligan a conocer el desarrollo no solamente del derecho al debido proceso legal en el ámbito interno,  sino también en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Por razón metodológica sólo escribiremos un panorama general del derecho al debido proceso legal en la jurisprudencia nacional, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorIDH).

Para cumplir el propósito que antecede, dividimos el presente documento en tres apartados: En el primero definiremos al debido proceso; la doctrina jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación será abordada en el segundo apartado; y finalmente las líneas jurisprudenciales de la CorIDH serán insertadas en el tercero.

 

  1. El debido proceso legal

El Juez interamericano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, define al debido proceso como: “(…) un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales, con la finalidad de proteger a las personas y asegurar la justicia. Esta última, a su vez, es una fuente de la cual emana un conjunto de derechos procesales que no se agotan en la norma, sino en la interpretación que se haga de la misma en casos concretos (…)”.[5]

La noción transcrita se refiere exclusivamente a las autoridades judiciales, sin embargo, señalamos que en la función contenciosa y consultiva de la CorIDH, el debido proceso es desarrollado en la actualidad como: 1) Fuerza vinculante para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH); 2) Como parámetro para la formación de normas, resoluciones, y prácticas nacionales; 3) Como criterio para la interpretación de las disposiciones internacionales aplicables a los Estados parte de la CADH; y 4) Como principio rector obligatorio para las autoridades que materialmente ejerzan funciones jurisdiccionales.[6]

En suma, “el debido proceso tiene la naturaleza de ser un principio jurídico dentro del cual cabe reconocer nuevos derechos e institutos procesales; pero es también un derecho líquido y concreto exigible en todos los procesos y procedimientos.”[7]

 

III. El debido proceso legal en la doctrina jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación

El debido proceso legal ha sido interpretado de forma directa del 15 de octubre de 1975 al 3 de febrero de 2017 en 134 criterios,[8] de los cuales conforme a su obligatoriedad 19 son jurisprudencias y 115 son tesis aisladas.

El presente documento de investigación al ser una nota breve, tendrá como delimitación material, los criterios de la Primera Sala, al considerar una vez analizados los 134 criterios, que las tesis que ha publicado la sal referida, corresponden a los de mayor impacto en los derechos de todas y de todos.

 

  1. Primera Sala

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha producido 40 criterios sobre debido proceso legal (37 tesis aisladas[9] y 3 jurisprudencias[10]), hasta el 3 de febrero de 2017.

 

  1. Elementos y contenidos del debido proceso

La Primera Sala en la tesis  1a. IV/2014 (10a.),[11] destacó que el debido proceso es un derecho de interpretación constante y progresiva.

Además señaló las dos vertientes interpretativas que lo integran y la necesidad de analizar ambas modalidades para identificar la violación al debido proceso:

 

  1. a) Formalidades esenciales del procedimiento y sus dos categorías: i) Desde el punto de vista del sujeto pasivo en el procedimiento, y ii) Desde quien insta la función jurisdiccional.

 

  1. b) Los bienes sustantivos constitucionalmente protegidos mediante las formalidades esenciales del procedimiento como la libertad, la propiedad, las posesiones o derechos.

 

También ha definido su contenido al resolver los amparos en revisión 352/2012, 121/2013,  150/2013, y los amparos directos en revisión 3758/2012 y 1009/2013, además de su contenido concluyó que en el sistema jurídico mexicano el debido proceso legal ha sido desarrollado como las formalidades esenciales del procedimiento, y que dentro de las garantías del debido proceso existen dos especies.

En la parte conducente la tesis expresa:

 

“(…) las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad (…)

Así, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos especies: la primera, corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta de la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de la misma naturaleza.”.[12] (Énfasis añadido)

 

  1. Obtención de pruebas ilícitas

La Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.),[13] señaló que exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales.

 

  1. Debido proceso y asistencia consular

Como señalamos, el debido proceso legal engloba una serie de garantías procesales que pueden interpretarse de manera conjunta o en lo individual con el derecho que analizamos.

En la Décima Época, el derecho a la asistencia consultar robusteció la doctrina jurisprudencial de las formalidades esenciales del procedimiento entendidas como el derecho al debido proceso.

Sin ser exhaustivos, señalamos que el amparo directo en revisión 517/2011, resuelto en la ponencia del Ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, y Javier Mijangos y González  como secretario, redimensionó en la época de los derechos, la forma de entender la protección de los mismos.

Del expediente derivaron 14 tesis aisladas,[14] que se refieren a: 1) El Derecho Humano de los extranjeros a la notificación, contacto, y asistencia consular; 2) A la puesta a disposición inmediata al Ministerio Público; 3) Presunción de inocencia; y 4) El efecto corruptor en el proceso penal.

 

  1. El debido proceso legal en las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El debido proceso legal está contemplado primordialmente en el artículo 8 de la CADH, y se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 24, el artículo 25 y el 27, todos de la Convención.

A partir de lo anterior, desarrollaremos de forma muy breve las líneas jurisprudenciales de la CorIDH[15] de algunos derechos que integran al debido proceso legal.

 

  1. Acceso a la justicia

A partir de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la CADH, los Estados parte de la CADH deben contar con la  existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar el derecho fundamental a la justicia.

El derecho al acceso a la justicia implica el dictado de una sentencia en un plazo razonable,[16] que se logre su cumplimiento,[17] que en las investigaciones se conozca la verdad,[18] que las sentencias sean recurribles,[19] la prohibición de dilación injustificada en los procesos,[20] contar con mecanismos de protección de los derechos y libertades reconocidas en la CADH,[21] etcétera.

 

  1. Defensa adecuada

El derecho a la defensa adecuada se interpreta a partir de los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del párrafo segundo, y de los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 8 de la CADH, de todo lo cual resulta toda una serie de garantías mínimas.

 

  1. Asistencia de traductor o intérprete

Uno de los aspectos más relevantes de este derecho consiste en que la asistencia de un traductor o intérprete debe realizarse en el ámbito penal desde el momento de la denuncia, y se debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas, basadas en su idioma y etnicidad.[22]

 

  1. Criterios generales de defensa adecuada

Respecto a la defensa adecuada la CorIDH ha señalado que las disposiciones que niegan que un mismo defensor asista a más de un inculpado, limita las alternativas de elección del defensor, pero no significa que exista una violación a la defensa adecuada.[23]

También que el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración.[24]

Además, la Corte ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.[25]

 

  1. Presunción de inocencia y debido proceso legal

Del artículo 8.2 de la CADH, la CorIDH estableció que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales, y que dichas garantías deben observarse en los procedimientos en que se determinen o se afecten derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.[26]

Finalmente que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.[27]

 

 

 

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* Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM. Profesor investigador, y tutor de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Miembro de los Institutos mexicano e iberoamericano de Derecho procesal constitucional. Coordinador editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Correo: edgarcaballero@outook.com / FB: Edgar S Caballero / TW: @EdgarCaballeroG

[1] La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, señala: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.” (Énfasis añadido)

[2] El primer punto de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, señala: “1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos (…)”. (Énfasis añadido)

[3] Vid., Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El debido proceso constitucional. Reglas para el control de los poderes desde la magistratura constitucional”, en Cuestiones Constitucionales, número 7, julio-diciembre, México, UNAM, 2002, p. 54 en 312 pp.

[4] “DEBIDO PROCESO LEGAL”. Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 82, Sexta Parte, p. 32, aislada, constitucional. IUS: 254197.

[5] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos y comunidades indígenas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, México, UNAM/Marcial Pons, 2013, pp. 902, en 1062 pp.

[6] Véase García Ramírez, Sergio, El debido proceso, México, Porrúa, 2012, 378 pp., in toto.

[7] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos y comunidades indígenas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, op. cit., supra nota 5, p. 902.

[8] La publicación por instancias señala que los criterios han sido publicados de la manera siguiente: 9 del Pleno; 40 de la Primera Sala; 14 de la Segunda Sala; 1 de la Tercera Sala; ninguno de la Cuarta Sala,  Sala Auxiliar, y Plenos de Circuito; 70 de Tribunales Colegiados de Circuito.

[9] Se pueden identificar las tesis a partir de sus números de identificación: 1) 1a. CCLVII/2016 (10a.); 2) 1a. CLXXXVI/2016 (10a.); 3) 1a. CLXVI/2016 (10a.); 4) 1a. CXII/2016 (10a.); 5) 1a. XIV/2016 (10a.); 6) 1a. CCCVIII/2015 (10a.); 7) 1a. CCXXXIV/2015 (10a.); 8) 1a. LXI/2015 (10a.); 9) 1a. X/2015 (10a.); 10) 1a. CCCXCIV/2014 (10a.); 11) 1a. CCCXXXIX/2014 (10a.); 12) 1a. CLX/2014 (10a.); 13) 1a. XXXIII/2014 (10a.); 14) 1a. LXXIII/2014 (10a.); 15) 1a. LXX/2014 (10a.);  16) 1a. IV/2014 (10a.); 17) 1a. CCCLXXI/2013 (10a.); 18) 1a. CCXLVI/2013 (10a.); 19) 1a. CCLXXVI/2013 (10a.); 20) 1a. CLIII/2013 (10a.); 21) 1a. LXXV/2013 (10a.); 22) 1a. XLII/2013 (10a.); 23) 1a. CCLXXIII/2012 (10a.); 24) 1a. XXIII/2012 (9a.); 25) 1a. XXV/2012 (9a.); 26) 1a. CXI/2012 (10a.); 27) 1a. III/2011 (10a.); 28) 1a. XIII/2010; 29) 1a. CCXXIII/2009; 30) 1a. CCII/2009; 31) 1a. CXCI/2009; 32) 1a. XXXIX/2008; 33) 1a. CCLX/2007; 34) 1a. XCVIII/2006; y, 35) 1a. XXXVI/2004. Ordenación cronológica.

Precisamos que al día en que se redacta el documento, dos criterios no han sido sistematizados en el Semanario Judicial de la Federación, porque aparecieron publicados el 20 de enero de 2017 en el portal electrónico, pero tienen los rubros siguientes: “DERECHOS FUNDAMENTALES CON CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DEBIDO PROCESO. NO TODOS LOS ASPECTOS REFERENTES A REGULACIONES PROCESALES SON PARTE DE AQUÉLLOS.”, y “INMATRICULACIÓN DE BIENES. EL REQUISITO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE TRES TESTIGOS PARA ACREDITAR LA POSESIÓN A TÍTULO DE DUEÑO NO ES VIOLATORIO DEL DEBIDO PROCESO NI DEL DERECHO A LA JUSTICIA.”

            [10] Jurisprudencias que tienen como números de identificación: 1) 1a./J. 11/2014 (10a.); 2) 1a./J. 76/2012 (10a.); y, 3) 1a./J. 139/2011 (9a.). Orden cronológico.

[11] “DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.” Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, enero de 2014, Tomo III, p. 1112, aislada, constitucional. IUS: 2005401.

[12] 1a. LXXV/2013 (10a.). “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”. Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, p. 396, jurisprudencia, constitucional. IUS: 2013488.

[13] “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.” Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.). Época: Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, jurisprudencia, constitucional. IUS: 160509.

[14] Los números de identificación son los siguientes: 1) 1a. CLXX/2013 (10a.); 2) 1a. CLXIX/2013 (10a.); 3) 1a. CLXXIII/2013 (10a.); 4) 1a. CLXXI/2013 (10a.); 5) 1a. CLXVIII/2013 (10a.); 6) 1a. CLXXIV/2013 (10a.); 7) 1a. CLXXII/2013 (10a.); 8) 1a. CLXXV/2013 (10a.); 9) 1a. CLXVI/2013 (10a.); 10) 1a. CLXVII/2013 (10a.); 11) 1) 1a. CLXXVII/2013 (10a.); 12) 1a. CLXXVI/2013 (10a.); 13) 1a. CLXXIX/2013 (10a.); y 14) 1a. CLXXVIII/2013 (10a.). Orden cronológico.

[15] Las principales líneas jurisprudenciales están disponibles en Carbonell, Miguel, y Caballero González, Edgar S., Convención Americana de Derechos Humanos con jurisprudencia, México, Tirant lo Blanch, 2016; Id., México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2016.

[16] Cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C, núm., 97, párrafo 55; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, núm., 134, párrafo 216.

[17] Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C, núm., 104, párrafo 74.

[18] Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, núm., 163, párrafo 193; Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, núm., 202, párrafo 124.

[19] Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, núm., 149, párrafo 171.

[20] Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C, núm., 211, párrafo 235.

[21] Mohamed vs. Argentina. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C, núm., 255, párrafo 83.

[22] Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C, núm., 215, párrafo 201.

[23] Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C, núm., 52, párrafo 147.

[24] Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C, núm., 206, párrafo 62.

[25] Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C, núm., 218, párrafo 145.

[26] Maldonado Ordoñez vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párrafo 85.

[27] Tibi vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C, núm., 114, párrafo 106.