Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema penal en México


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó el documento “Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema penal en México”, donde se hace analiza el proceso de implementación del sistema de justicia penal en todas las entidades del país, así como los retos y perspectivas para su consolidación y eficaz cumplimiento.

El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, en la que se implementó un proceso penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto originó enormes retos para que las entidades federativas lograran su implementación, desempeño y funcionalidad. .Actualmente el 100% de la población mexicana está cubierta por las reglas del nuevo sistema de justicia penal.

A diferencia de otros países latinoamericanos que emprendieron reformas de justicia, en nuestro país se transformaron 34 sistemas de justicia, uno por cada entidad federativa, más el federal y el militar, de tal forma que el número de organizaciones públicas que fueron adaptadas a los nuevos ordenamientos normativos sumó alrededor de 134 instituciones.

En el tema de capacitación se debieron desarrollar competencias para cada operador como el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia, las Defensorías Públicas y la Secretaría de Seguridad Pública con el objetivo de atender las nuevas funciones y atribuciones del sistema penal.

Para el año 2016 la mayoría de las entidades federativas presentaron un nivel alto de implementación de acciones encaminadas a la capacitación de los operadores. Destacaron Yucatán, Chihuahua y Nuevo León con los puntajes más altos, mientras que Veracruz y Michoacán fueron las entidades con el menor grado de implementación en el tema de capacitación. El promedio nacional se ubicó en 8.1 puntos

En cuanto a la organización burocrática, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila presentaron en 2016 un nivel óptimo de adaptación organizacional para atender las necesidades del nuevo sistema; por su parte, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca tuvieron menores avances en este tema, con puntajes que los ubicaron en un nivel medio – medio alto de reorganización en ese mismo periodo.

Por tipo de operador, los tribunales superiores de justicia estatales tuvieron el nivel de implementación más alto de acciones asociadas a la reorganización institucional, ubicándose en 8.2 puntos, aunque se observó un nivel de desempeño similar al de las procuradurías generales de justica o fiscalías, y las oficinas de seguridad pública estatales. En contraste, las defensorías públicas fueron las instituciones con el nivel más bajo de adaptación en este rubro.

Debido a que la infraestructura disponible y utilizada en el sistema tradicional no era suficiente ni apropiada, y tampoco poseía las características necesarias para satisfacer las exigencias del nuevo proceso penal, las instituciones debieron modificar y construir nuevos espacios para albergar áreas de reciente creación y poder ampliar la cobertura y la calidad de la atención.

Nuevo León, Guanajuato y Jalisco fueron las entidades que tuvieron un avance óptimo en la adecuación de su infraestructura para atender las necesidades del sistema penal; en contraste, Nayarit, Veracruz y Sonora presentaron un avance medio en la adecuación de la misma. El promedio nacional se ubicó en 7.7 unidades

Otro signo claro de avances heterogéneos es la desproporción en la capacidad de atención y acceso al sistema de justicia, medido en términos de la cobertura de los principales operadores del sistema en las entidades federativas.

Existen brechas importantes en la cantidad de operadores por cada 100 mil habitantes en cada entidad federativa. En el caso de los jueces penales, la brecha entre Chiapas y Zacatecas fue notoria, en Chiapas existió menos de un juez por cada 100 mil habitantes, mientras que en Zacatecas fue de casi 5 jueces en el año 2016. Respecto de los agentes y/o fiscales del ministerio público, Baja California contó con 2 por cada 100 mil habitantes mientras que Chihuahua contó con 30. Finalmente, en el caso de los defensores públicos, en el estado de Veracruz la tasa se ubicó en 0.5 por cada 100 mil habitantes mientras que en Coahuila la tasa fue de poco más de 6, lo que significa que por cada defensor público que hubo en Veracruz existieron casi 13 en Coahuila por cada 100 mil habitantes.

En los años venideros será una tarea inaplazable concretar los esfuerzos para el seguimiento y evaluación de las acciones del sistema de justicia penal en las entidades federativas y en la federación. Esto requerirá de generar oportunamente información veraz que permita documentar y socializar las mejores prácticas que contribuyan a diseñar de mejor manera la política pública en la materia.

 

 

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