Integridad y combate a la corrupción en México


Para apoyar al gobierno de México en el logro de una implementación exitosa de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), publicada el 18 de julio de 2016, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), presentó el Estudio sobre integridad y combate a la corrupción en México, que se apoya en buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas por expertos en la materia de los diferentes países miembros de la OCDE, incluyendo a Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, y Estados Unidos.

El proceso del Estudio ha incluido asimismo una serie de talleres sobre lo que constituyen elementos claves de los sistemas sólidos de integridad del sector público, tales como la ética, el conflicto de intereses, el control y la auditoría, los sistemas disciplinarios, los mecanismos de denuncia y la protección al denunciante.

El Sistema Nacional Anticorrupción recién establecido en México marca un parteaguas en el planteamiento en el país de las políticas de combate a la corrupción y pretende superar algunas de las deficiencias fundamentales del pasado, al: (i) atender la fragmentación de políticas y el desarrollo de un enfoque de integridad más completo y coherente; (ii) prevenir las notorias “brechas en la implementación” mejorando la coordinación en, y entre, los niveles de gobierno y particularmente ubicando a los Estados bajo el mandato del Sistema; (iii) fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de infracciones a la integridad por parte de servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales; y (iv) reforzar la supervisión mediante mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y la mayor participación de la sociedad civil.

En primer lugar, al combatir más eficazmente la corrupción, las reformas pueden restablecer la confianza en las instituciones públicas y coadyuvar a una gobernanza más eficaz. En efecto, en 2015, la corrupción fue citada como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos mexicanos, afectando negativamente la confianza en las instituciones políticas y en sus líderes.

En segundo lugar, la corrupción en México acarrea un alto costo económico para el país, al incrementar los costos de hacer negocios, disuadir inversiones y obstaculizar la productividad.

Por último, las nuevas reformas anticorrupción pueden contribuir a atender los altos niveles de desigualdad. En efecto, la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas, al permitir que la influencia indebida de intereses especiales capture el ciclo de las políticas públicas y reduzca la capacidad de respuesta y la eficacia de dichas políticas, especialmente en detrimento de grupos marginados. La corrupción también limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como la educación y salud, que son cruciales para ofrecer oportunidades de movilidad social.

Con el fin de respaldar el diseño y la implementación de reformas anticorrupción y de integridad en México, y en consonancia con las buenas prácticas internacionales y con la recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública, el Estudio de la OCDE sobre Integridad en México presenta un conjunto de recomendaciones concretas para reforzar un sistema de integridad coherente e integral, tanto a nivel nacional como estatal, para inculcar una cultura de integridad y garantizar la rendición de cuentas a través de un control y un cumplimiento efectivos

 

Leer y descargar el Estudio de la OCDE sobre integridad y combate a la corrupción en México

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