Manual para la aplicación del control de convencionalidad dirigido a operadores de justicia.


Introducción

El “control de convencionalidad” ha sido de nido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH) como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana, Convención o CADH) y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la Corte IDH, en el Derecho interno de los Estados parte de aquélla.

Si bien pareciera evidente que dicha institución deriva de la obligación de todo Estado parte de la Convención Americana consistente en cumplir los compromisos internacionales asumidos al ratificarla o adherirse a ella, ha sido necesario que la Corte Interamericana se apropie de dicha denominación y haga evolucionar su contenido y alcances a través de su jurisprudencia.

Así, la Corte Interamericana ha establecido que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la Ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ha precisado que cuando un Estado es parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y n, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales.

Es decir, todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex of cio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana y la interpretación que de la misma ha hecho la Corte IDH –intérprete última de la Convención–, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

Las exigencias de dicho control de convencionalidad conllevan importantes desafíos, en la medida que las diferentes autoridades públicas de un Estado resultan vinculadas no sólo por su Derecho interno sino también por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos soberanamente consentido a través de la firma, ratificación o adhesión de los respectivos tratados. El incumplimiento de las obligaciones estatales y la violación de derechos humanos reconocidos en dichos tratados generan la responsabilidad internacional del Estado.

Precisamente frente a los desafíos de dichas exigencias, el presente Manual, organizado en seis capítulos, busca ser una herramienta básica que permita la autoformación en la aplicación del control de convencionalidad, sobre todo en lo que concierne a la labor de los operadores de justicia en los Estados parte de la Convención Americana. Derecho Internacional, Derecho constitucional y Derecho procesal son las ramas del Derecho comprendidas por excelencia en la aplicación del control de convencionalidad y, por ende, transversales a este Manual.

 

Manual para la aplicación del control de convencionalidad dirigido a operadores de justicia.