Curso en línea “Estándares interamericanos del debido proceso”

$950.00

En este curso en línea se estudiarán las principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de debido proceso legal.

Una vez hecho el pago de inscripción se les enviará un correo electrónico con las instrucciones para acceder a la plataforma virtual.

Description

El debido proceso legal está contemplado primordialmente en el artículo 8 de la CADH, y se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 24, el artículo 25 y el 27, todos de la Convención.

A partir de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la CADH, los Estados parte de la CADH deben contar con la  existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar el derecho fundamental a la justicia.

Estas son algunas de las líneas jurisprudenciales que la CoIDH ha emitido sobre el tema:

  1. Acceso a la justicia

A partir de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la CADH, los Estados parte de la CADH deben contar con la  existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar el derecho fundamental a la justicia.

El derecho al acceso a la justicia implica el dictado de una sentencia en un plazo razonable, que se logre su cumplimiento, que en las investigaciones se conozca la verdad, que las sentencias sean recurribles, la prohibición de dilación injustificada en los procesos, contar con mecanismos de protección de los derechos y libertades reconocidas en la CADH, etcétera.

 

  1. Defensa adecuada

El derecho a la defensa adecuada se interpreta a partir de los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del párrafo segundo, y de los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 8 de la CADH, de todo lo cual resulta toda una serie de garantías mínimas.

 

  1. Asistencia de traductor o intérprete

Uno de los aspectos más relevantes de este derecho consiste en que la asistencia de un traductor o intérprete debe realizarse en el ámbito penal desde el momento de la denuncia, y se debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas, basadas en su idioma y etnicidad.[7]

 

  1. Criterios generales de defensa adecuada

Respecto a la defensa adecuada la CorIDH ha señalado que las disposiciones que niegan que un mismo defensor asista a más de un inculpado, limita las alternativas de elección del defensor, pero no significa que exista una violación a la defensa adecuada.

También que el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración.

Además, la Corte ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.

 

  1. Presunción de inocencia y debido proceso legal

Del artículo 8.2 de la CADH, la CorIDH estableció que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales, y que dichas garantías deben observarse en los procedimientos en que se determinen o se afecten derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Finalmente que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.

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